Gente gorda

Es la invocación de la opulencia lo que convierte la expresión en el prólogo adecuado de la corruptela de la que se está hablando. No dice gente importante, sino «gente gorda». Lo ha dicho una de las personas que el Gobierno andaluz incluía en los Expedientes de Regulación de Empleo sin haber trabajado jamás en las empresas a las que se subvencionaba para despedir a trabajadores. Una mujer, Carmen Fontela, se ha ido al juez al comprobar que su nombre estaba incluido como prejubilada en dos empresas en las que ni pisó. Dos veces prejubilada falsamente, como otros muchos, y ella no ha recibido ni un euro de esas indemnizaciones que pueden superar los cien mil euros. «No he cobrado un duro, no me he llevado nada. Son gente gorda y ni los conozco ni me interesa conocerlos». Las respuestas están en ese barro desconocido aún, en esa patraña infame construida sobre las subvenciones al desempleo. Es la ‘gente gorda’ la que tiene las respuestas, y ahora sólo podemos imaginarlos, como si la escena la hubiera ideado Pasolini, en un banquete de aprovechados. Engullendo con descaro, eructando carcajadas con la boca llena.

¿Y de qué empresa se trata? ¿Otra vez Mercasevilla, la misma empresa del Ayuntamiento hispalense que otras veces ha aparecido envuelta en corruptelas? Sí, es la misma, otra vez la misma. Pero todo eso ya es cosa sabida, esa podredumbre ya la esperábamos, la conocíamos. El problema está en la sospecha que ahora se levanta en el juzgado de que todo esto, este entramado grosero de la gente gorda, sea una práctica generalizada en la administración andaluza. El problema ya no es este escándalo o aquel otro, la cuestión no está en la gravedad de los chanchullos de Mercasevilla o en el despliegue de nepotismo del ‘caso Matsa’; no, el problema es comprobar cómo en la Junta de Andalucía el desprecio a la legalidad se ha convertido en una constante. Igual que hace una semana el tribunal sancionaba al Gobierno andaluz por ignorar los principios constitucionales más elementales, aquellos que se refieren a la obligación de las administraciones de garantizar el principio de legalidad y de servir exclusivamente y con objetividad a los intereses generales, no a sus propios intereses, ahora descubrimos que esa deriva hacia los intereses particulares se ha convertido en una constante, la norma que se aplica por defecto.

Esta es la picaresca del paro elevada a la institución, al gobernante. Es esa identidad, los unos cobrando el paro y trabajando de extranjis y los otros cobrando las prejubilaciones sin haber trabajado jamás, lo que produce vergüenza, más allá de las consecuencias penales que pueda tener el asunto. Es el fraude moral. Los que mandan a los inspectores a comprobar si los parados están trabajando solapadamente son los primeros que defraudan y utilizan el dinero de los parados en fines todavía ocultos. Sí, éste es un escándalo que afecta a la ética, y cuando la degradación alcanza la ética de los gobernantes ya se puede esperar cualquier otra cosa. Los escándalos en sí son lo de menos, lo peor es esa corrupción moral. En tiempos de crisis, con la canina que soportamos, todo esto provoca la sensación de antes, el desprecio de la «gente gorda» que está detrás. Aprovechados, farsantes y timadores. Gente gorda, sí.