Prevaricar mola

La prevaricación puede ser uno de los negocios más rentables que existen en España. Pensamos que ya ha pasado la época del pelotazo inmobiliario, pero quizá sólo se trata de un error de perspectiva. Quiere decirse que, aunque la construcción se mantiene bloqueada, varada en la crisis, atrapada entre el exceso de oferta y la debilidad de la demanda, aunque eso sea así, la cuestión es que nos olvidamos de que muchos de los pelotazos inmobiliarios que se dieron hace una década están ahora en los tribunales. Es decir, que es ahora cuando las sentencias judiciales pueden anular aquellos pelotazos o, por el contrario, consagrarlos a la legalidad. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Granada con el controvertido centro comercial Nevada, aquella gran superficie que se construyó en un pueblo con la ambición de convertirse en la más grande, no de la provincia, sino de toda Andalucía.

Lo que ocurrió con el centro Nevada es que el Ayuntamiento, de la mano de un constructor implicado en otros casos de corrupción, como el Malaya, edificó una mole de 275.000 metros cuadrados sin atender ni normas urbanísticas, ni limitaciones legales, ni infraestructuras del entorno; sin escrúpulos legales. Las zonas verdes invadidas con el cemento desvelan la vigencia de aquel aserto de Gil en Marbella, “me da igual que sean zonas verdes, azules o amarillas”. En suma, como afirma el juez en su sentencia, el alcalde de Armilla y su delegado de Urbanismo prevaricaron cuando concedieron la licencia de obras al centro comercial, ya que la aprobaron “a sabiendas” del contenido desfavorable de dos informes, uno técnico y otro jurídico. Con el único informe favorable que contaban el gobierno socialista de Armilla era con la inopia, inconsciente o deliberada, de la Junta de Andalucía.

¿Qué tiene que ocurrir cuando, como es el caso, queda muy claro que se ha buscado el pelotazo inmobiliario sin importar la legalidad? Lo que entendía la fiscalía es que, al margen de las condenas penales, un delito urbanístico tiene que afectar también al objeto de la infracción: el edificio. Y por eso solicitaba la demolición de todo lo que ahora, tras la sentencia, ya se puede asegurar que se construyó con prevaricación y alevosía. (Por cierto, parece delirante que se admitan las vulneraciones urbanísticas y, sin embargo, no se aprecie un delito contra la ordenación del territorio).

Pero no habrá demolición. El juez sólo ha aceptado que se derribe menos del uno por ciento de los 275.000 metros cuadrados. El fiscal pedía la demolición completa del edificio porque, como es lógico, sólo con sentencias ejemplarizantes se puede disuadir a los prevaricadores de esta máxima establecida de actuar con una política de hechos consumados e irreversibles. Ya lo ha dicho el Ayuntamiento: La Justicia nos da la razón, ya que se ha legalizado casi la totalidad del centro comercial que no se va a demoler. La prevaricación ha acabado para ellos en “una inyección de optimismo”. Ningún procesado tendrá que entrar en prisión, porque las penas, además de las absoluciones de varios concejales, no superan el año de cárcel para los políticos socialistas. ¿Y el constructor? Pues igual, con la adenda irrisoria de tener que pagar una multa de 7.800 euros. Sólo hay que calcular el valor millonario del centro comercial y restarle la multa para deducir lo de antes, que la prevaricación resulta un buen negocio.