Bofetadas

Como las justificaciones estaban preparadas y las valoraciones prefijadas, nada más comenzar a salpicarse de datos la tarde, los padrinos del estatuto catalán mostraban henchidos su victoria: «Hemos arrollado». Pero no es así, claro. La única verdad, objetiva y constatable, es que sólo uno de cada tres catalanes votó ayer ‘sí’ al Estatuto. La cifra cacareada del 74 por ciento de apoyos es justo el reverso de la realidad.

La cuestión, además, admite pocos matices, porque no se puede confundir abstención con desinterés o falta de información cuando la materia que se somete a referéndum ha consumido tantas energías políticas. La abstención de ayer en Cataluña es una abstención política, no casual. Bofetada consciente. No se votaba sobre la conveniencia de centrales eólicas para implementar el panel energético global. No. Era la Cataluña de la ‘nación’ y de la pela, esa diferencia que hace Maragall entre las comunidades «acomodadas a vivir del subsidio» y las que ya están «irritadas por el uso que se hace de su esfuerzo fiscal».

Es la reforma que salió del Parlament con el 90 por ciento de votos, regresó del Congreso con el 54 por ciento y acaba su trayecto sin el apoyo de dos tercios de los ciudadanos. Acaba de empezar el carrusel, y esta negativa es un zapatazo que convierte este delirio estatutario en un vértigo similar al que acabó congelando la Constitución Europea. Vértigo, sí, porque bastará con que la abstención llegue al sesenta por ciento en alguno de los referendos que quedan por venir para que el proceso encalle. Algunos en Andalucía, ya han comenzado a tragar saliva. Ay si crece esta ola...

El resultado, además, afianza una tesis ya expuesta aquí otras veces, la peligrosa sinrazón de que este proceso de nuevos estatutos (porque no se trata de meras reformas) se esté abordando sin las garantías de las que se dotó el sistema constitucional español cuando se planteó, hace treinta años, la configuración del Estado de las Autonomías. Aquella ‘red de seguridad’ que aprobaron los dos grandes partidos de entonces, la UCD y el PSOE, consistía en la existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad, que ahora ha vuelto a reclamar sin éxito el Consejo de Estado, y la aprobación de una Ley de Referéndum, que exigía que, para salir adelante un Estatuto, tenía que recibir, en cada provincia, más del cincuenta por ciento de síes con respecto al censo electoral.

La paradoja es que, ahora que los estatutos llegan en sus competencias más lejos que nunca en la historia de España, no existe ninguna de aquellas cautelas. ¿Saben por qué? Sencillamente porque, de haberse regido por la Ley de Referéndum, aquella que se aplicó en Andalucía, el nuevo Estatut de Cataluña no se habría aprobado en ninguna de las cuatro provincias. En ninguna. Y no saldría Zapatero, como ayer, besándose por «el amplio apoyo». «Somos expertos en reformas de estatutos», dijo hace unos días. Ya se ve, sí, ya se ve.