Promesas

Cuestión de Estado. «Queremos dar mayor estabilidad a los ayuntamientos, mayor autoridad y una mayor posibilidad al ciudadano de conectar directamente con la figura del alcalde». Y volvió a repetir, solemne: «Es un auténtico asunto de Estado y no puede ni debe primar el partidismo porque nos jugamos en gran parte el futuro de nuestra política territorial». No habían pasado ni seis meses desde que el Gobierno de Zapatero había tomado posesión cuando el ministro Jordi Sevilla anunció el compromiso firme del Ejecutivo de cumplir con una de sus promesas electorales más paseadas en la campaña: la elección directa del alcalde, a través de una segunda votación, para los casos en los que ningún partido hubiera obtenido mayoría absoluta.
De hecho, en esta pretensión, el Gobierno tenía el camino expedito, ya que también el Partido Popular, que acababa de dejar el Gobierno, había incluido en su programa esa misma promesa. Al fin, un asunto de Estado en el que los dos grandes partidos no tenían ni que sentarse, porque defendían lo mismo. Había que acabar con el espectáculo de tantos ayuntamientos gobernados por los partidos políticos con menos concejales, mientras se condenaba a la oposición al candidato que se había quedado a sólo unos cientos de votos de la mayoría absoluta.

¿Asunto de Estado? ¿Reforma inaplazable? La desquiciante realidad política española es una trituradora de razones. No existe lógica ciudadana que no se pervierta. No hay asunto de Estado que sobreviva al interés partidista. No hay lógica en esta clase política, no.Hace tan sólo unos días, un portavoz del PSOE en el Congreso admitió ya que no será posible reformar nada y que la elección directa de alcaldes se posterga para otra legislatura. Cualquier cosa antes que aparecer juntos, PSOE y PP, con un acuerdo de Estado. Hay que actualizar la frase aquella de Tierno Galván: «Las promesas electorales están para pervertirlas».
Ocurre, además, que como la política española es una estructura piramidal en la que las consignas de la cúpula se transmiten a toda la organización a ritmo de marcha militar, el desacuerdo de arriba se degenera a medida que desciende, y acaba embarrándose en la poca vergüenza. Surgen así monstruos como esa moción de censura de Gibraleón, un alcalde con mayoría absoluta que va a dejar de serlo gracias a que uno de sus concejales se ha pasado al PSOE. Otra tránsfuga que, además, se queda con el control del Urbanismo. Siempre igual.
«En Gibraleón tenemos que ir a muerte», le oyeron decir a un joven diputado socialista en los pasillos del Parlamento antes de que todo estallase. Sabía lo que decía. En tres días ha aparecido un tránsfuga, se ha planteado la moción de censura y han saboteado la señal de la televisión local. El poder es insaciable. Ya ven. El PSOE tiene el Gobierno de la nación, el de Andalucía y el de la mayoría de los ayuntamientos en Huelva. ¿Y qué? Pues eso. A muerte.


Publicado el 17 de noviembre de 2005