Uno por ciento

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se fue la semana pasada al Congreso para tranquilizar a los diputados y brindarles, con un informe detallado, la explicación que deben ofrecer a partir de ahora cada vez que se hable de corrupción de la política española: “no se puede hablar de corrupción generalizada de la clase política porque los imputados representan sólo el uno por ciento de los cargos públicos que hay en España”. Y luego se detallan las cifras, que el personal ya se ha aprendido de corrido, 730 imputados de un total de 100.000 cargos públicos, de los que 264 pertenecen al PSOE y 200 al Partido Popular.

Puede ser ésta la primera vez que una comparecencia del fiscal general del Estado ha satisfecho a todo el mundo; la primera vez que a Conde Pumpido lo utiliza la oposición como cita de autoridad. Quizá la única vez en la vida que se le puede oír responder lo mismo a dos personas tan distintas como Juan Manuel Albendea, ex banquero, jubilado y del PP, y a Leire Pajín, socióloga, treintañera, cargo público desde que tenía 24 años, y del PSOE. “No, mire usted, lo que me parece más importante es que el fiscal haya dado el dato de que sólo el uno por ciento de los cargos públicos tiene algo que ver con la corrupción, lo que demuestra que el 99 por ciento de los representantes políticos son honrados, hacen su trabajo con dignidad y decencia y sirven a los demás”. Cuando una pipiola y un bragado coinciden en una materia tan delicada, no hay duda alguna: aquí hay gato encerrado.

Para empezar, el planteamiento que se realiza está viciado de origen, ya que, aún aceptando que el porcentaje de imputados es muy pequeño, eso no quiere decir que el resto de políticos en activo sean honrados y, mucho menos, que trabajen con decencia y como un servicio a los demás. Ya es mucho abarcar. Mejor no entrar ahora en consideraciones sobre la naturaleza de la vocación política y sus perversiones actuales. No, dejemos la cuestión en el hueso del porcentaje: ¿es mucho o es poco un uno por ciento de imputados en política? Cada cual, desde luego, puede escandalizarse como lo prefiera pero pensemos, por un instante, qué sucedería si en España hubiera setecientos y pico banqueros en la cárcel por quedarse con el dinero de la cuentas de sus clientes. O setecientos periodistas en chirona por difundir exclusivas falsas, reportajes de ficción y entrevistas con personajes que nunca han existido. O setecientos dentistas detenidos por estafar al personal y joderle las dentaduras. Cuando se habla de delitos, un uno por ciento de un gremio es motivo suficiente para que cunda la alarma; mucho más cuando ese gremio representa la ciudadanía y está obligado, por ética democrática, a dar ejemplo ante todos.

Lo diga la pipiola o el bragado, lo confirme el fiscal o la policía, la política española atraviesa un momento de grave crisis interna por una corrupción transversal que la recorre de arriba abajo, que la atraviesa de izquierda a derecha. El gran error está en creer que la corrupción de la política se limita a los casos de corrupción política. No es así, va mucho más allá. Tiene que ver con la concepción de la política como un estatus social privilegiado; tiene que ver con la creencia soterrada de que es normal que exista una financiación oculta de los partidos; tiene que ver con el cinismo con el que se tapan los casos de corrupción propios y se airean los ajenos… El uno por ciento, en fin, es un escándalo. No por el porcentaje, sino por la excusa.