Atropellos

Seamos claros: lo justo es que Roca haya salido de la cárcel. De qué sirve esconderse en la demagogia fácil de rasgarnos las vestiduras por la pretendida ofensa a la sociedad. O escandalizarnos con las manos en la cabeza cuando vemos a ese tipo que sale de prisión sonriendo, con buen aspecto, ni delgado ni demacrado, con la chaqueta azul que suele. Y esa sonrisa pícara, la sonrisa provocativa con la que Roca miraba a los fotógrafos cada vez que lo sacaban para declarar ante el juez, esposado, la sonrisa inquietante que siempre parecía destinada a alguien que no estaba allí, que lo vería al día siguiente en la prensa.

Pues ese tipo, ése al que el sumario señala como el cerebro de la red que ha saqueado Marbella, es justo que salga a la calle. Que parece que aquí se olvida con demasiada facilidad que un Estado de Derecho consiste, precisamente, en que todo el mundo es inocente hasta que un juicio demuestre lo contrario. También Roca. Y que, por lo tanto, en virtud de este precepto, la prisión preventiva no se puede convertir jamás en la aplicación de una condena anticipada. La prisión preventiva tiene que ser limitada para que, de acuerdo a los principios, no se nos indigeste la contradicción evidente en la que se incurre cuando se priva de libertad a una persona que, según el Derecho, debe ser considerada inocente.

La prisión preventiva sólo se prolonga hasta el juicio cuando la libertad conlleva un riesgo palpable de reincidencia, y no es el caso. O cuando la libertad suponga un riesgo de destrucción de pruebas, que tampoco, porque la instrucción ya ha concluido. Y el riesgo de fuga, en fin, es difícil de invocar cuando tantos procesados de Malaya están en la calle y ninguno se ha fugado tras la fianza. En todo caso, es obligación del Estado impedir la fuga.

Y, además de todo ello, la duración de la prisión preventiva tiene que guiarse por la lógica del principio de proporcionalidad. ¿Qué ocurriría si, al final, Roca sólo es condenado por delito fiscal, que se castiga con un máximo de cuatro años de cárcel, por la reiterada dificultad para probar el cohecho o el tráfico de influencias? ¿Y si se invalida todo el proceso por las grabaciones telefónicas de la Policía, como ha ocurrido tantas veces?

Podemos llevarnos las manos a la cabeza o, como hace el Gobierno, fustigar otra vez a los jueces para descargar en ellos la responsabilidad del caos judicial. Sí, golpes de pecho. Pero la Justicia en un Estado de Derecho es otra cosa. La Justicia exige rigor, trabajo, independencia, medios suficientes y leyes adecuadas. En materia de corrupción urbanística hay lagunas y el sistema de enjuiciamiento español se rige aún por una ley obsoleta de 1882.

Lo fácil es descargar en el presunto delincuente las debilidades y las deficiencias del sistema judicial. Pero eso sólo tiene un nombre en democracia: atropello. Incluso si el preso preventivo es un tipo que sale de la cárcel riéndose y se llama Juan Antonio Roca.