Esquelas

Quieren llenar La Moncloa de muertos. Hoy, día de Todos los Santos. Aseguran haber convocado «a miles de ciudadanos por internet y sms para enviarle al presidente del Gobierno al palacio de la Moncloa las esquelas de los asesinados por los republicanos que van apareciendo en los diarios nacionales, acompañadas de esta anotación: ‘Para que complete su memoria histórica’». Más adelante, la ‘convocatoria’ señala que si Zapatero destaca siempre que su abuelo murió fusilado por los fascistas, también debe mencionar el presidente que su progenitor participó en 1934, junto a Franco, en la represión, ordenada por la República, de la ‘revuelta de Asturias’, en la que murieron 1.200 personas, mineros convocados por el PSOE y la UGT.

En definitiva, que tendrán que pasar muchos años para que podamos analizar y comprobar los efectos de esta locura, este sinsentido. Rencores y odios olvidados se baten en una guerra de guerrillas y se tiran esquelas a la cara a los treinta años de la muerte del dictador, a los setenta años de la Guerra Civil. En dos años de Gobierno de Zapatero, en España se ha hablado más de Franco, del franquismo y de la Guerra Civil, que en treinta años de democracia. El presidente decidió mover los rescoldos del enfrentamiento, avivar las llamas, y cuando llegan, como ayer, estos mensajes, el temor es que ya no exista nadie capaz de frenar esta nueva espiral de bilis y venganzas.

Ni siquiera la evidente ‘edulcoración’ de la Ley de Memoria Histórica (ni revisión judicial de los juicios sumarísimos, ni retirada masiva de símbolos franquistas, ni condena a la iglesias, ni exhumaciones generalizadas de fosas comunes) devuelve, a estas alturas, las aguas a su cauce.
Por esa razón, la duda siempre será la misma. Si al final se pensaba dar ‘marcha atrás’, entonces, ¿para qué todo esto? ¿Por qué el empeño de Zapatero de remover las peores entrañas de la historia de España? En 1982, por ejemplo, cuando Felipe González fue elegido presidente con abrumadora mayoría, una de las primeras cosas que se descartó fue un proceso como éste.

Julio Feo, el gurú del marketing socialista de aquellos tiempos, lo ha contado con detalle: «Habíamos hecho encuestas y habían salido cosas muy significativas. Descubrimos que la gente tenía tanto rechazo al saludo fascista del brazo en alto como lo tenía al puño en alto. (...) Había que romper con eso». Felipe prometió cambio, una España nueva, salió en los carteles como promesa de futuro y, progresivamente, en los congresos socialistas se dejó de cantar Internacional con el puño en alto. Y nunca habló de la República como referencia de nada.

En todos los gobernantes, se presume que sus actuaciones están guiadas por la reflexión, el estudio y el análisis. De ahí esta angustia grande. Que la peor conclusión, dentro de unos años, sería comprobar que Zapatero sólo se ha guiado por la ignorancia panfletaria y el sectarismo.

Señuelos

El nuevo Fiscal Coordinador de Urbanismo y Medioambiente, Antonio Vercher, emergió ayer a la plaza pública de la peor forma: Parece que llega de un planeta lejano. Se ha estrenado el hombre con una entrevista en la que va hilvanando simplezas que habrán causado un enorme rubor entre los propios fiscales a los que deberá coordinar. ¿Un fiscal que se presume especializado en Urbanismo cómo puede decir, por ejemplo, que lo que tiene que hacer el Ministerio Público, ante el caos existente, es ordenar las demoliciones de las viviendas ilegales?

No ha tenido que pasar ni un día para que varios fiscales provinciales hayan tenido que recordarle al fiscal especialista que esto que anuncia como gran innovación, solicitar demoliciones, es lo que vienen haciendo ellos «desde hace tiempo». Como el fiscal de Cádiz, por ejemplo, porque en esa Fiscalía, y en otras más de Andalucía, llevan años solicitando demoliciones. Años. Tantos que allí en Cádiz, por ejemplo, también hace ya años que hasta hay sentencias que ordenan esas demoliciones, como en el complejo de Montenmedio, y ahí siguen. ¿Y la casa de Antonio Banderas en Marbella? ¿Y en Córdoba, cuántas años lleva la fiscalía intentando frenar el crecimiento de viviendas ilegales en Medina Azahara? No se trata de defender a los fiscales, que no es este el propósito, sino el de subrayar la desolación que produce que venga a estrenarse un fiscal español con recetas parvularias.

Porque es tan inabarcable el caos urbanístico en España, que lo que se espera de jueces y fiscales son diagnósticos serios, que se alejen de esa demagogia política simplona de afirmar que con la aprobación de una Ley del Suelo en el Congreso se van a solucionar los problemas. Entre otras cosas porque, como sabrá el fiscal, el urbanismo es una competencia transferida a las autonomías. Ya puestos, mejor haría en cuestionar si debe mantenerse la autonomía de los ayuntamientos en la planificación urbanística.

Pero también tendríamos que oír a jueces y fiscales debatir, por ejemplo, qué responsabilidad habrá tenido en este caos el hecho de que todos los asuntos relacionados con el urbanismo se tramiten por la vía contencioso administrativa, que es la que acumula más retrasos. Y por qué, a pesar de que todo el mundo conoce la lentitud de esos pleitos, casi nunca se ordena la paralización de obras, complejos o urbanizaciones que se ponen en marcha de forma ilegal.

Lo peor de la entrevista, en fin, es que, por las cosas que dice, se ve que al fiscal le queda aún bastante tiempo para aterrizar en la realidad. De todas las bobadas, destaco una. «¿Qué opina de la proliferación de campos de golf?», le pregunta el periodista de El País. Y contesta el fiscal: «¿Quién juega al golf aquí? El golf es un señuelo que da un toque de distinción. Es como comprarse un Mercedes o un Bmw». Queda todo dicho. La duda es si el señuelo no será el propio fiscal. Un señuelo del Gobierno, se entiende.

Arenas. Explicaciones tras el acuerdo con el PSOE

Días de euforia en el PP. Tras el acuerdo suscrito en el Congreso para la reforma de los Estatutos, las escenas que se hayan podido ver entre las bambalinas han debido marcar época. Porque hasta llanto de emoción ha habido por parte de algunos diputados. Sobre las tablas del escenario, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, tampoco disimula la satisfacción ni se detiene en matices cuando valora el acuerdo. Por ejemplo, esta afirmación, la más repetida desde que se cerraron las negociaciones. Dice Arenas: “Es el acuerdo más complicado de cuantos he participado en mi vida política y también el que tiene más trascendencia para el futuro de Andalucía y de España”. La afirmación no es cualquier cosa teniendo en cuenta que los otros acuerdos a los que se refiere son sobre cuestiones nada desdeñable: el pacto antiterrorista, el acuerdo de las pensiones o la reforma laboral. Aún así, Arenas se ratifica.



EL ACUERDO DEL ESTATUTO

Yo nunca me he planteado un escenario en el que no fuera posible un estatuto de consenso porque me parecía que le creábamos un problema a los andaluces. Aquí no hay ningún problema de identidad, todos aceptamos que somos andaluces y españoles, y que aceptamos el autogobierno dentro de la Constitución. Desde esa base aceptada por todos, ir a una confrontación con el Estatuto hubiera sido de una irresponsabilidad absoluta. (…) Todo cambia cuando, en el Congreso, a principios de septiembre, el grupo socialista enmienda de golpe 87 artículos del Estatuto para hacerlos constitucionales. Es decir, el PSOE en el Congreso los enmienda en la dirección que el PP estaba exigiendo desde que se presentó aquel borrador en el Parlamento andaluz. Dicho de otra forma. Está claro que había un ‘pacto de hierro’ entre el PSOE e IU en el Parlamento andaluz que salta por los aires cuando el Estatuto llega al Congreso. De forma paralela a esa ruptura, lo que nos encontramos es que entre los socialistas del Congreso había más receptividad a las posiciones y propuestas del PP que en el Parlamento andaluz.

Ha habido dirigentes del PSOE que han soñado con esa posibilidad de un 28 de Febrero contra el PP. Lo que ha pasado, lo que ha influido en la posición final del PSOE es que reproducir aquello es prácticamente imposible. Para empezar, quien gobierna ahora en Madrid es el propio PSOE, Rodríguez Zapatero, y los agravios se producen por el Estatuto que se ha aprobado para Cataluña. Pero es que, además, el PP de la actualidad no es la Unión de Centro Democrático que se opuso al referéndum andaluz. Dicho todo esto, también le admitiré que el centro derecha andaluz también lleva muchos años soñando con un acuerdo como este que nos permita enterrar el capítulo de la confrontación de aquel 28 de febrero.


SOBRE EL DISCURSO.
AL PP SE LE ROMPE EL “ESPAÑA SE ROMPE”

Yo no coincido con esa apreciación de que, por el acuerdo en el Estatuto andaluz, se rompe el discurso nacional del PP. Por varias cuestiones. Antes que el Estatuto andaluz, el PP ha votado que sí al Estatuto valenciano, al estatuto aragonés y al estatuto balear. Luego el estatuto andaluz será el cuarto que votemos favorablemente. Añada usted a todo ello que, de esos cuatro estatutos, el andaluz es el único que incluye una referencia expresa a la unidad indisoluble de la nación española. A parte de todo, le diré algo más. Yo nunca he sido partidario de estas reformas. De hecho, si yo hubiera sido presidente de la Junta de Andalucía no hubiera impulsado esta reforma el Estatuto. Pero una vez que otros plantean la reforma, mi obligación era intentar consensuarla y hacerla constitucional. Yo no podía mirar para otro lado.


SOBRE LAS PROTESTAS INTERNAS

El PP de Andalucía tiene 130.000 militantes y es probable que haya algunos que tengan dudas. Lo que yo capto es que los dirigentes del partido están entusiasmados, como los alcaldes, los concejales y los diputados. En este último año, he podido hablar del Estatuto con cuatrocientas o quinientas personas, y el noventa por ciento eran favorables a un acuerdo. Otra cosa es que algunos están empeñados en afirmar que nosotros hemos pactado lo que no hemos pactado. Me refiero a quien afirma estos días que el PP ha aceptado definir Andalucía como realidad nacional. Lo dicen y hay militantes que se inquietan… En fin, tendremos que explicarlo mucho más, porque decir eso es rotundamente falso.

Además, yo, en esto, tengo un problema, que mi tendencia natural es hacia el acuerdo y el consenso. Y en este asunto del Estatuto, se daba la circunstancia de que coincidía en el mismo sentido ni ánimo político, ni reflexión intelectual y mi actitud ante la vida. Hay quien puede pensar que lo mejor es la confrontación diaria y sistemática
Pero si el PP hubiera votado en contra de un Estatuto que habla de la unidad indisoluble de España y que es plenamente constitucional, hubiéramos conducido a nuestro partido y a nuestros votantes a un callejón sin salida. Un viaje sin retorno. Hubiéramos corrido un riesgo gravísimo de situar al PP en la marginalidad. Con este acuerdo, nos hemos quitado veinte años de encima. Era como si el PSOE tuviese la exclusividad de la defensa de Andalucía. Pues bien, esa exclusividad se ha terminado para siempre. Y lo que a continuación se abre es el camino de un andalucismo constitucional, en torno al centro político.


SOBRE EL FUTURO AUTONOMICO

En el sistema de financiación autonómica, tras el estatuto andaluz, se ponga como se ponga el nacionalismo catalán, el sistema futuro no tendrá más remedio que aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, entre todos. Otra cosa son las inversiones del Estado. Porque el Estatuto catalán, en efecto, exige que se realicen de acuerdo al PIB catalán, mientras que el andaluz exige que se realicen de acuerdo a la población. Y baleares pedirá como referencia la insularidad, y Castilla y León, la extensión territorial; Galicia la dispersión población y la demografía… Cuando acumulemos los preceptos de inversión de cada autonomía, se llegará a la conclusión de que son absolutamente incumplibles porque no cabe todo. Sabemos además que, al final, sobre estas leyes orgánicas prevalece una, que se aprueba anualmente en las Cortes: los presupuestos generales del Estado. Al final, diga lo que diga el Estatuto, las inversiones del Estado en Andalucía se decidirán todos los años de acuerdo a la presión que realice el Gobierno andaluz ante el Gobierno de España. Pero no tendrán que ver con lo que dice el Estatuto.
Las tensiones territoriales en España sólo se solucionarán el día que exista un gran pacto de Estado entre el Partido Popular y el PSOE, con reforma de la Constitución incluida para fortalecer los poderes del Estado, para pararle los pies al nacionalismo insolidario.


SOBRE ENSEÑANZA LAICA Y MUERTE DIGNA

También en estos aspectos, lo que ha logrado el PP es una referencia expresa en el Estatuto a la religión católica y una clarísima redacción que dice que los padres tienen derecho a la elección del colegio de sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas. Y hemos asimilado el concepto laico al concepto aconfesional que recoge la Constitución española. En cuanto a segundo asunto, el testamento vital y la muerte digna, se hicieron algunos cambios y, antes de votarlo, buscamos la aprobación de destacados miembros de la jerarquía eclesiástica, de dirigentes del foro de familia y de asociaciones de padres católicos.

El PP se define hoy como un partido de centro reformista, y yo creo que el centro reformista se puede sentir orgulloso con esas medidas porque son artículos que tienen muy en cuenta la realidad que vivimos, son respetuosas con la libertad individual y con la Iglesia, sabiendo siempre que una cosa es la Iglesia y otra es el Estado. Así que, en efecto, son propuestas centristas que, además, coinciden con un sentimiento muy mayoritaria de la sociedad española y andaluza.

Confidencia

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«¿Antonio Chaves? Sí, hombre, lo sé todo sobre él, conozco bien su trayectoria y seguro que podré desvelarte algunos secretos. Antonio ha sido para muchos un tipo opaco, y nadie se ha molestado en saber más de él. Nadie conoce, por ejemplo, el apodo que le pusieron, ‘El Tercer Hombre’. ¿Qué me dices? Pues ése es el verdadero Antonio Chaves».

Cuando acabó de oírlo, dio un brinco y miró a su alrededor. En el restaurante, ya casi en penumbra, sólo quedaban dos personas: aquel tipo del rincón, que hablaba sin parar por su teléfono móvil, y él mismo, pegado a la cristalera, en silencio, apurando un montecristo y una copa de brandi. Que ambos estuvieran allí, tan tarde, era cuestión de supervivencia, porque hacía rato que se habían apagado las luces de la cocina y sólo quedaba, junto a la puerta, un camarero inmóvil, como un mayordomo cabreado. Pero los dos estaban atrapados por un repentino aguacero. Y mejor contemplarlo desde la enorme cristalera de ‘Río Grande’; aquel espectáculo de la lluvia estrellándose violentamente contra el Guadalquivir, ahogando el crepúsculo, anegando el aire, asolando las aceras.

La conversación telefónica del otro comensal se había convertido en una rutina más, como el tintineo de la lluvia en los cristales, hasta que pronunció el nombre de Antonio Chaves. ¿El Tercer Hombre? Le temblaron las manos. Ya veía la noticia a cuatro columnas en su periódico, y a todos los líderes políticos convocando ruedas de prensa para valorar su exclusiva. Y a su director, pasándole la mano por la espalda. No lo pensó más y se acercó a su mesa. «Mire, discúlpeme, no he podido evitar oírle hablar de Antonio Chaves. Ese tema me interesa, ¿sabe?»

Tenía los ojos enrojecidos y casi escupía al hablar. Estaba ebrio, pero a él no le importó. «¿Qué quiere saber?». «Todo –contestó–. Por ejemplo, ¿por qué le decían el tercer hombre?». «Porque no ha habido otro más poderoso y discreto que Antonio Chaves. Siempre eficaz y bien colocado. Lo llamaban el ‘ángel de la guarda’ porque, cuando había un problema, aparecía en el momento preciso y, si no hacía falta, ni se le notaba». Desbordado y nervioso por la información, se puso en pie de golpe. «Mire, soy periodista. Y esta noticia ya me quema en las manos. Véngase conmigo y dígame todo lo que sepa del hermano del presidente».

«¿De qué presidente me habla?», le espetó con cara de no entender nada. «Que yo sepa, Antonio Chaves no tuvo ningún hermano presidente...» «Vamos a ver –le interrumpió con enfado–, de qué Antonio Chaves está hablando». «Eh, conmigo no se enoje, que ha sido usted el que se ha acercado. Yo le hablo de Antonio Chaves Flores, el mejor banderillero de Triana. ¿Quiere que le cuente su presentación en Las Ventas, en el año 48, con Morenito de Talavera?».
Al pasar junto al camarero de la puerta, le tiró una propina sobre la mesa. En la calle, bajo el aguacero, esperó que la lluvia se hiciera cargo de su desolación.

Chistes

Si imaginásemos la evolución del hombre, de las sociedades, como una escalera de peldaños, este nacionalismo del siglo XXI perseguiría algo tan complejo como que alguien intentara superar el décimo tramo de la escalera sin quitar la mirada de los primeros escalones. Pero hagamos el ejercicio: Lo único que veríamos al mirar atrás es que las naciones-estado nacieron tras la Edad Media pero que, desde hace años, también este concepto está periclitado. La globalización ha impuesto una nueva forma de organización política y económica, una nueva realidad: los estados-continente. La Unión Europea, con la transferencia de soberanía de las naciones más antiguas de la tierra, es, quizá, el mejor ejemplo. Este es el décimo tramo de la escalera.

Sólo con pensar en el significado de Europa y en esta nueva realidad de estados continentales, sería suficiente para que el vértigo de mirar atrás en la escalera nos hiciera rechazar este empeño de los estatutos de autonomía de retrotraernos a las demandas de hace doscientos años.
Si, además, le sumamos que en la península ibérica, en toda su historia, no ha habido más nación-estado que España y Portugal, tendrían que ser elementos suficientes para rechazar el debate. ¿Por qué Andalucía no es una nación? Pues porque, en el sentido político que se utiliza, no lo ha sido nunca ni lo es en este momento. Y lo mismo le ocurre a Cataluña, Galicia o el País Vasco.

El debate, ya digo, tendría que detenerse ahí. Pero ya estamos contemplando estos días que en España existen dos males que confluyen, el nacionalismo y el centralismo. Lo estamos viendo ahora que en el preámbulo del nuevo Estatuto de Andalucía se ha incluido la absurda expresión de la ‘realidad nacional’. Y para desacreditarlo, el centralismo madrileño, en vez de atenerse a razones sólidas como las anteriores, ya ha comenzado a divulgar un variado recital de expresiones insultantes.

Que si considerar realidad nacional a Andalucía «es un chiste»; que si Andalucía siempre se ha considerado «una prolongación graciosa de Castilla», que si «en las señales de tráfico van a poner ahora ‘Bienvenidos a Zebiya y olé’»...

En fin, que dan ganas de bajar los brazos. Atrapados entre el egoísmo nacionalista y la displicencia centralista. ¿Qué es peor, más dañino, la ceguera nacionalista o el insoportable ombliguismo del rancio centralismo madrileño, cargado de tópicos?

Margalit, el filósofo israelí, definió en una ocasión la nación como «una sociedad que alimenta un embuste sobre los ancestros y comparte un odio común por los vecinos». Para ello, según Margalit, es fundamental promover «memorias falsas» y «el odio a todo aquél que no lo comparte». Nuestra condena de andaluces es doble. En la escalera, estamos atrapados entre dos centralismos cerriles. Y lo que no se ve por ninguna parte es dónde está el chiste.

Lauren

Idigoras y Pachi

Los del PP de Andalucía se van hoy de entierro. Con el traje negro recién planchado y la camisa blanca. Y una corbata negra también. Van felices; por fin entierran a Lauren Postigo.

Aquella voz grave, con acento impostado de andaluz, nunca pensó que tendría tanta trascendencia en la historia de España. Lauren Postigo se subía todas las semanas al tablao de la tele entre encajes y volantes, paladeando letra a letra la actuación de «la más grande», cuando el Gobierno de UCD decidió utilizar su enorme popularidad para neutralizar el referéndum andaluz del 28 de Febrero.

Los andaluces, entonces, estaban vivamente movilizados por el agravio catalán. Tanto que el PSOE, que había pactado previamente con la UCD un modelo de Estado autonómico con dos tipos de autonomía (nacionalidades y regiones), decidió subirse al carro de la autonomía andaluza con el mismo nivel de competencias que la catalana o la vasca. «Andaluz, éste no es tu referéndum», decía Lauren Postigo, con esa vocalización suya, sin saber que estaba a punto de entrar en la historia. Porque aquella voz de los tablaos, insignia del tópico andaluz, simbolizaría a la vez la caída del efímero imperio de UCD y la inesperada ruptura en Andalucía del Estado de las autonomías previsto.

La voz de Lauren Postigo llevó al PSOE hasta la Junta de Andalucía, y tan grande era la ola que todavía logra llenar las urnas de aquella espuma andalucista. Al centro derecha, sin embargo, lo condenó a un largo destierro. Ni Argantonio ni Blas Infante. Ni Seisdedos, ni Azaña, ni Escuredo. Nadie. Ni La Pepa ni los Manifiestos de los primeros regionalistas han merecido en estos años de parlamentarismo andaluz tantas citas y tantas referencias políticas como aquella voz. Sólo había que pronunciar unas palabras para que surtiera el efecto de un maleficio: «La derecha lleva veinticinco años equivocándose en Andalucía, desde Lauren Postigo. Porque nunca ha creído en esta tierra».

Tras el acuerdo de ayer, el PP piensa que ya nada será lo mismo. Es probable, sí. Aunque en Andalucía sólo ha habido un 28 de Febrero, que es el que se grabó en el común, y aunque lo que intenta el PSOE con este acuerdo es que no le ocurra a él lo que a la UCD, que esta nueva oleada de reformas se le vaya de las manos y acabe borrándolo del mapa. En fin, veremos. De momento, hoy asistiremos al desfile alegre de los dirigentes del PP. Han planchado la corbata negra y se van de entierro. Han soltado un lastre histórico: la voz engolada de Lauren Postigo. Tienen motivo para estar felices.

Axiomas

La gran farsa de la reforma del Estatuto de Autonomía se ha sustentado desde el primer día en un abanico de afirmaciones que, a fuerza de repetirlas, se presentan ya como axiomas cuando, en realidad, no suponen más que capítulos diferenciados de este enredo entre cínico y burlesco. Por ejemplo, cuando se afirma que las reformas de los estatutos resuelven un debate pendiente en España sobre su modelo territorial. Y no.

De hecho, ha ocurrido todo lo contrario. Ninguna reforma de las aprobadas, ni todas en su conjunto, establecerán en España un modelo territorial definitivo. Esto es grave porque la única disculpa que podría tener este torbellino es que, de una vez por todas, España hubiera resuelto el debate sonrojante de estar discutiendo en el siglo XXI cuál es su verdadera identidad. La Constitución del 78 lo pretendió; apañó una fórmula (una sola nación, España, que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas») que respetaba las autonomías que ya se aprobaron en la República, y ofrecía la descentralización a las regiones (como Andalucía) que no alcanzaron entocnes ese estatus por el estallido de la Guerra Civil.

Cuando, por la inagotable reivindicación de los nacionalismos del norte, incómodos desde el origen con aquel «café para todos», se quiebra el equilibrio existente, lo único que cabía esperar es que el Gobierno, y por extensión las dos fuerzas políticas mayoritarias de España, buscasen de nuevo, como hace 25 años, un acuerdo estable y general. Definitivo.

¿Hubiera solventado esta indefinición que dura ya doscientos años el reconocimiento de España como estado federal, que nada tiene que ver con las confederaciones? Es posible, pero ese debate ni siquiera ha llegado a plantearse. No era el que convenía a los nacionalistas. Arrancando nuevas competencias y recursos, como jirones de piel, el Estado (el «raquítico Estado», como lamentan ahora quienes han apoyado por mero seguidismo las reformas) ha agravado la indefinición, sumando a las nacionalidades y regiones nuevas naciones, realidades y caracteres nacionales, y ha acentuado la asimetría que ya se padecía.

¿España federal? La expresión, que sólo rechina en un patriotismo trasnochado, ignorante y cerril, hubiera sido lo de menos si, previamente, se hubiera aprobado, primero, un nuevo sistema electoral que no hiciera depender las mayorías del Gobierno de España de los grupos nacionalistas y, segundo, un modelo de financiación que surpimiera fueros y privilegios medievales.

No ha sido así, por mucho que se inventen falsos axiomas. Por eso este embrollo dará paso al próximo. Vuelta a empezar. Como hace cinco años. Como hace treinta. Como hace cien y doscientos. El mismo discurso en las mismas bocas, con el aliento agrio de una condena histórica.

Gamberros

Uno de los medidores más fiables del nivel de la política es la calidad de los insultos. Insultar, según la definición de la Real Academia, es «ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones», con lo que el abanico, en el estricto ámbito de la política debe ceñirse a la descalificación ingeniosa o malvada del adversario, sacando a relucir los defectos de sus propuestas, las ridiculeces de sus proyectos o la demagogia de sus planteamientos.

Desde ese punto de vista, el insulto se convierte en una parte más del debate, un elemento más de la confrontación de ideas. Nada nuevo porque históricamente el insulto, la descalificación y la provocación han formado parte de la política y así lo han reconocido ya incluso algunas sentencias Judiciales. Ocurre, sin embargo, que también para saber insultar hacen falta algunas cualidades más, cultura general, capacidad de raciocinio y altura intelectual. El insulto es el espejo más enrevesado del alma política.

Lo que está ocurriendo en España, y que algunos confunden con la confrontación, no es más que la unión fatal de dos circunstancias difíciles de combatir: El cainismo y la vulgaridad. Lo primero es un fenómeno antiguo, casi una característica de la política española, mientras que lo segundo es una novedad, una de las señas de identidad de estos tiempos. Sobre el cainismo de la política española, hay quien llega a afirmar que, por su reiteración en la historia, lo que refleja es la baja calidad de la democracia en España y la dificultad de la sociedad española para superarlo.

Ya Azaña dejó dicho en la II República que «no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del contrario, exterminio ilícito y además imposible». A poco que se mire alrededor, se entenderá que la clase política española ha avanzado muy poco en esto. La Transición, condicionada por el miedo de la dictadura recién fenecida, nos ofreció un espejismo de tolerancia y respeto que no sólo se ha difuminado ya, sino que ahora se mezcla con esta otra circunstancia de vulgaridad.

De ahí que la baja estofa de los insultos actuales. Y la proliferación, sobre todo en este periodo desatado de las campañas electorales. Del «Fóllate a la derecha» de Izquierda Unida en Cataluña, a la estética «kale borroka» de las Juventudes Socialistas andaluzas, que hasta cuelghan en internet las fotos de sus pintadas en las sedes del PP, pasando por esas campañas inaceptables y desvergonzadas contra los alcaldes de Huelva y de Málaga, agresivas como peleas de perros, dirigidas por algunos de los dirigentes más siniestros que ha tenido nunca la política andaluza. O los insultos a Luis Carlos Rejón en Baena, el ex dirigente de Izquierda Unida de vuelta a las clases de Historia en un instituto. «Vete de Baena. Comunista os vamos a echar», le gritan un grupo de niños por la calle. "Tengo miedo -dice Rejón- Por primera vez, tengo miedo. Qué nos está pasando".

Medimos a los políticos por la calidad de los insultos. Pero aquí la vulgaridad ha hecho desaparecer el insulto y le ha abierto la puerta a las infamias, a la ruindad. Escupitajos de gente despreciable. Gamberrismo de punta a cabo.

Andalucía

Nadie puede escapar a su pasado. Ni los hombres ni los pueblos. Somos nuestra historia, nuestro ayer, y ésa es, acaso, la única certeza irrefutable. Porque el presente es un tiempo inconcluso y el futuro una incógnita, una esperanza. Somos nuestra historia. Por eso, cuando William Somerset Maugham llegó a Granada en 1898 la ciudad le pareció “una de esas mujeres alejadas del mundo tras una vida de vicisitudes, ansiosas tan sólo de ser prontamente olvidadas y con el deseo, tras una existencia tumultuosa y desordenada, de dedicarse nada más que a piadosos menesteres”.

Granada, y acaso con ella toda Andalucía, como “muchas ciudades famosas por el papel importante que desempeñaron en la historia, y que ahora parece hallarse enteramente exhausta, agotada”. ¿Es ésa imagen la que sublevó a Blas Infante medio siglo después? ¿Por eso implora nuestro himno, “andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad”?

Nadie puede escapar a su pasado. Andalucía arrastra su historia como aquellas heroínas, a veces con orgullo, otras como una maldición. Y en el eco de los días lleva prendido un deseo, con el aire triste de una canción. Volver a ser lo que fuimos.



(Texto publicado con motivo de la celebración del décimo aniversario de EL MUNDO de Andalucía)

Ladridos

Se le atribuye al portavoz de CiU, Felip Puig, la siguiente duda metafísica: «Si mi perro me hiciera una pregunta, ‘¿Qué es España?’, mi respuesta no podría ser otra que la siguiente: no lo sé». Es extraordinario, porque en el habitual pimpampum nacionalista, una formulación así incluye como novedad que se sitúan en un mismo plano intelectual el nacionalista y su interlocutor. Diálogo canino, que es como el de besugos pero con más agresividad. Ladridos, en fin, sin otra utilidad que el divertimento de imaginar a un nacionalista debatiendo con su perro.
Reconozcamos, de todas formas, que los ladridos van ganando en el panorama político español.

Tanto que, por esa peculiaridad, tipos como José Bono logran llenar auditorios, como anoche en Sevilla en las charlas de EL MUNDO, con oyentes de todas las ideologías, porque se ha convertido en una rara avis la existencia de un dirigente del PSOE que sea capaz de pronunciar una conferencia para defender España. La fórmula de Bono es tan elemental como haber optado por la claridad y la defensa de principios fundamentales antes que el relativismo de no decir nada. «Decir que Andalucía es una nación es empequeñecerla, sobre todo porque es ridículo», le oí decir. «Mientras tengamos Constitución, aquí sólo hay una nación, que es España».

De todas formas, además del mérito indudable de la coherencia, de gente como Bono se espera algo más, un ejercicio de autocrítica que todavía no se ha producido. Porque si los ladridos van ganándole a la razón, y acaso a la justicia, no es porque haya surgido así, por casualidad.

Todo este ruido ha venido aparejado al cambio de discurso del PSOE en los diez últimos años. Entonces, frente a la mayoría absoluta del Gobierno de Aznar, el PSOE decidió cambiar su estrategia política, y antepuso el logro del poder a la defensa de esos principios fundamentales.

¿Quién se acuerda, por ejemplo, de aquella ‘Declaración de Mérida’ que firmaron en octubre de 1998 Bono, Ibarra y Chaves? Dos párrafos de aquella declaración. El primero, aplicable a las reformas de Estatutos que han venido después: «Dentro de la unidad política de España, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles. No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios».

El segundo párrafo de aquella 'Declaración de Mérida' sobre ETA, que casualmente también había declarado una tregua en 1998: «Nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de tregua indefinida. Apoyamos con firmeza al Gobierno de España para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada más puede negociarse al respecto (...) No aceptamos la idea de conceder ventaja política alguna porque sería la peor amenaza para la convivencia». ¿Se percibe la diferencia con el discurso actual del PSOE?

No comment

26-10-2003.– Aparecen en la playa de Rota los cadáveres de dos inmigrantes magrebíes. Según los supervivientes, se trata de una patera en la que viajaban unas 50 personas.

30-10-2003.– El mar devuelve los cuerpos de otros 14 emigrantes. Los cadáveres son cuerpos sin rostro, por el estado de descomposición.

03-11-2003.– Aumentan los ahogados. La Guardia Civil rescata otro cadáver, con lo que ya son 35 los cuerpos recuperados. La secretaria de Política Social y Migratoria del PSOE, Consuelo Rumí, exige al Gobierno de Aznar «una mínima sensibilidad» ante esta tragedia humana. «¿Dónde estaba el Gobierno este fin de semana?», se pregunta.

11-11-2003.– El Ministerio de Fomento asegura que Salvamento Marítimo actuó con «diligencia». Según desvela, la patera «no sólo no solicitó auxilio, sino que rechazó el que le ofreció» un buque, el ‘Focs Tenerife’, que se encontraba a 50 metros. La Guardia Civil, según el Ministerio de Fomento, informó de que «en esos momentos carecía de medios para desplazarse a la zona».

11-11.2003.– El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, afirma que el Gobierno español es «vicario» de EEUU y dedica «mucho tiempo» a su política y debería reservar algún tiempo a ocuparse de «mejorar» las relaciones con Marruecos.

15.11.2003.– IU denuncia ante el Fiscal General del Estado a los ministros del Interior y de Fomento por un posible delito de negligencia y otro de presunta denegación de auxilio.

08.02.2004.– El Juzgado de Instrucción Número 1 de Rota archiva las denuncias al Gobierno por el naufragio.

23.02.2004.– Entrevista de Chaves en El Siglo. «El juez ha dicho que no hay delito penal, y yo lo respeto aunque discrepo de esa decisión. Pero no solamente ha habido responsabilidades políticas no asumidas por el Gobierno de la nación, sino otras que han culminado en la pérdida de vidas humanas. Siempre me pregunto qué hubiera ocurrido si en vez de ser una patera de inmigrantes fuera una zodiac con turistas europeos».

14.03.2004.– El PSOE gana las elecciones.

11.05.2004.– El Gobierno anuncia su intención de no investigar de forma interna la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el naufragio de la patera de Rota.

17.11.2004.– Hamid Echokhk, de 25 años, único procesado por el naufragio de Rota, resulta condenado a 40 años de prisión.

18.10.2006.– Tercer aniversario del naufragio. La Asociación Unificada de la Guardia Civill recuerda que cuando naufragó la patera «el PSOE, haciendo suyas nuestras demandas, reprochó al Gobierno del PP la existencia de una sola patrullera útil». En la actualidad, en Cádiz la Guardia Civil cuenta con cuatro patrulleras: una está de servicio en Senegal; otra fue donada al Gobierno de Mauritania; una tercera hace tiempo que se encuentra parada con graves averías; con lo que sólo, existe una patrullera operativa. Pero «los que antes se sentaban con nosotros y nos daban credibilidad, ahora nos cuestionan».

Paredón

En el estercolero de la tele, ayer colocaron un tenderete para vender a buen precio los huesos de Lorca envueltos en enaguas de encaje blanco. Entre cocainómanas, chulos y tarados, allí que salió Ian Gibson para contar en aquel programa infame de casquería del corazón que a Federico García Lorca le pegaron, al fusilarlo, «dos tiros en el culo, y lo llamaron maricón». A continuación, una voz en off añadía: «En ‘Aquí hay tomate’ reescribiremos el asesinato de García Lorca». Y prometía desvelar los nombres de los famosos descendientes de los asesinos de García Lorca. Gibson en la telebasura. Debe ser éste el final más despreciable del sinsentido en el que se ha convertido la llamada Memoria Histórica.

Creo que fue otro historiador, Fernando García de Cortázar, quien alertó el año pasado en una de las charlas de EL MUNDO de la peligrosa combinación de resucitar y trasplantar las cuentas pendientes de la Guerra Civil a una generación como la actual, en la que el propio franquismo es un capítulo más de la historia de España. Lo decía Cortázar por la sencilla razón de que la revisión de la Guerra por aquellos que la vivieron o que sufrieron la posguerra tiene como única enseñanza el deseo de que nunca más se vuelva a producir. La única reparación que exigen quienes padecieron la represión franquista es que nunca más ocurra en España una tragedia igual.

La Memoria Histórica sirve a una sociedad cuando se convierte en vacunas de grandes errores históricos, pero es una forma de suicidio cuando sólo revive el rencor. Sin la cautela de quienes vivieron la tragedia, sin esos miedos, sin ese vértigo, la Memoria Histórica degenera en lo que estamos viendo, en grupos de fanáticos exaltados, fascistas y descerebrados que se llaman de izquierda o de derecha, que asaltan conferencias y escupen en la palabra. La memoria histórica en manos de esos coros de niñatos tiene la misma sustancia que un videojuego de matones callejeros.

Pero no son ellos, desde luego, los responsables últimos de esta barbaridad sino quienes la alientan, quienes la inflaman, quienes la justifican. Que el problema no es que ayer, tras los incidentes en la conferencia de Manuel Fraga, el secretario provincial del Sindicato de Estudiantes se reafirmara en los insultos a Fraga, chapoteando a gusto en la charca de sus propios vómitos. El problema no es él sino el dirigente de Izquierda Unida, que le encuentra lógica a los insultos. El problema es de la Facultad, que no expedienta a esos alumnos. El problema es del Rectorado de Granada y de la Consejería de Educación, que no bloquea cualquier interlocución y exige la dimisión de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes que organizaron la algarada.

Los programas de telebasura revisan el asesinato de García Lorca y en la Facultad de Ciencias Políticas de Granada los estudiantes boicotean las conferencias con insultos y gritos fascistas. Es la Memoria Histórica la que ahora está en el paredón.

Teorema

En el umbral de un acuerdo sobre el Estatuto de Andalucía, al PP se le han aparecido sus peores enemigos. Fantasmas familiares que han comenzado a ulular por los despachos con remordimientos nuevos y complejos antiguos. La cuestión tiene su miga porque las cautelas, las dudas, surgen como un sarpullido después de meses de negociación, no antes, y cuando, según este mismo partido, el acuerdo con el PSOE es casi total.

Ayer mismo, uno de los negociadores de ese Estatuto, Antonio Sanz, se multiplicaba en un sinfín de intervenciones para asegurar que, gracias a las enmiendas que habían pactado socialistas y populares, el Estatuto andaluz, en su mayoría, había dejado de ser inconstitucional. Y añadía contundente: «Para el PP y para los andaluces lo prioritario es el acuerdo». ¿Dónde están, pues, las dudas?

Por lo que ha podido conocerse, un sector del PP, liderado por Eduardo Zaplana, considera que si el PSOE ha optado por el acuerdo andaluz es por un doble interés, ajeno a los populares. Internamente, es el aval político que necesita Zapatero para sacudirse todas las críticas a su errática política territorial y, externamente, porque en adelante podrá utilizar el Estatuto andaluz como modelo para el resto de reformas.

A poco que se piense, todo lo anterior es cierto. Irreprochable. Sólo que le falta una pieza esencial: se olvida que el acuerdo también beneficia de forma extraordinaria al PP por los mismos motivos, pero a la inversa. Internamente, porque se sacude la condena histórica de no haber apoyado el 28 de Febrero. Y externamente, porque no debe olvidarse que es el PP quien gobierna en otras muchas comunidades que en adelante aprobarán sus reformas.

Ocurre, además, que alguien de ese sector del PP debería explicar qué salida le quedaría a este partido en el referéndum si, al final, rompen el acuerdo, porque la abstención la tiene vetada desde tiempos de Lauren Postigo y no parece lógico que pida el voto negativo para un estatuto que ha negociado en su mayoría.

La reforma del Estatuto, ya ven, ha quedado limitada, como un caldo que se deja reducir hasta la esencia, a un juego de intereses de partido. Cuentan en el PP que, en una de las largas sesiones de debate de la ponencia del Estatuto en el Congreso, Alfonso Guerra, sorprendió a todos con una particular teoría sobre los obstáculos internos a los que se habrían de enfrentar ambos partidos para llegar al acuerdo. Y vaticinó que al PP le convenía el acuerdo en Andalucía pero le perjudicaba en Madrid, mientras que al PSOE le ocurría lo contrario. Guerra llamó a este cruce ‘El Teorema de los Espejos’.

Guerra, como se ve, sigue asistiendo de oyente a sus responsabilidades, ahora como presidente de la Comisión Constitucional como antes de vicepresidente del Gobierno, pero afina bien en los análisis. Teorema de los Espejos, juego de intereses. Guerra y la política en estado puro.

Jamón York

Hace cinco años que Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, cumplió todos los requisitos legales para beneficiarse de los permisos carcelarios. Desde entonces, cada año, solicita la libertad condicional, y la Justicia se la deniega. Este año, igual. La deliberación, además, suele durar poco tiempo. Esta vez se ha despacho en 16 minutos: En efecto, el preso cumple «de forma satisfactoria» los supuestos legales para salir en libertad, pero «debido a la naturaleza inusual del delito, extremadamente violenta, su liberación no sería lo mejor para la sociedad». Punto. Y Champan vuelve a la cárcel.

En España, otro asesino, el etarra Ignacio de Juana Chaos, nos tiene sumidos en un debate similar. Y ya sé que las diferencias son tantas que, si el delito del etarra fuese el asesinato del creador de ‘Imagine’, es probable que muchos de los que ahora defienden su libertad estarían defendiendo el cumplimiento íntegro de la pena.

Pero pasemos todo eso por alto porque aquí lo que sobran son juicios sobre valoraciones y análisis de descalificaciones. Mejor será llevar la polémica a un plano estrictamente técnico. ¿Tiene derecho De Juana Chaos a que los 3.000 años de cárcel a los que fue condenado queden reducidos, primero, a 30 años y, ahora, a sólo 18 años? Sin duda, sí tiene derecho, y no va a ser Chaos el primer delincuente que utilice algún tipo de argucia legal para intentar reducir el tiempo de condena.

Ahora bien. ¿Dónde está escrito que el Estado de Derecho no puede utilizar las mismas argucias legales para impedir que el asesino se salga con la suya? Antes de su inexplicable marcha atrás, lo que hizo el Ministerio Fiscal al pedir 96 años de cárcel para Chaos por dos artículos de prensa fue una argucia legal. Sí, y qué. Las argucias legales se pueden y se deben utilizar con la misma normalidad que en EEUU, porque la liberación del asesino «no es lo mejor para la sociedad». Ya dijo el ministro López Aguilar que el objetivo del diálogo entre el Gobierno y ETA «no es el de rehabilitar a psicópatas imposibles que tienen las manos manchadas de crímenes horrendos».

Sobre esto último, además, ha sido el propio asesino, en su polémica carta de diciembre de 2004 -una de las que misivas por las que se le volverá a juzgar-, quien mejor nos ha aclarado a todos cuál es la situación. Lo importante de aquel artículo en Gara no son los insultos y las amenazas; lo esencial es la contestación que ofrece De Juana a esas exigencias nuestras, al requerimiento de la sociedad española de que muestre un mínimo arrepentimiento si quiere salir de la cárcel. En la carta, Chaos analiza las circunstancias que hacen que no pueda abandobar la cárcel tras haber logrado, con mil tretas, reducir la condena a 18 años. Y deja muy claro que ni piensa reintegrarse ni va a pedir perdón por nada. "Técnicamente -dice De Juana en la carta-, el 25 de octubre de 2004 terminé de cumplir la condena intramuros impuesta por su sistema jurídico y penitenciario (...) A partir de aquella fecha no he salido de prisión. ¿Motivo? No da signos de resocialización. Sin embargo, afortunadamente, de resocialización no da signos ni De Juana ni una inmensa mayoría de los 700 presos y presas [de ETA], ni una gran parte de la sociedad vasca da signos de resocialización. Porque resocializar en el sentido utilizado por el enemigo implica la derrota. Vamos a ganar».

Chaos lo tiene claro. Yo también. Sólo si ese asesino vuelve a la cárcel de Algeciras a comer jamón york (que es lo que tomaba cuando estaba en 'huelga de hambre') podremos considerar los demás que el Estado de Derecho le ha ganado el pulso. No hay más.

Paradojas

La lucha contra las mafias de la inmigración ilegal tendría que incluir la persecución de dos efectos perversos en este lado del mundo: el papanatismo oficial y el racismo social. Son dos visiones equivocadas, situadas en polos opuestos del problema. La consecuencia inevitable es que, como tales extremos, obcecan la razón e impiden cualquier análisis objetivo y certero sobre este fenómeno extraordinario que ya ha marcado el destino del siglo XXI.

Es por eso, justamente, por la dimensión del problema, por lo que se hace urgente combatir esos polos que, además, acaban retroalimentándose. Por ejemplo, si se fijan, aún estando en las antípodas, tanto el papanatismo oficial como los brotes racistas lo que provocan es que la integración de los inmigrantes se haga imposible. Y no hará falta extenderse mucho más sobre las consecuencias de la falta de integración de los colectivos inmigrantes, un abanico de problemas que va desde el terror del fundamentalismo hasta los disturbios callejeros que pueden tumbar un país, como estuvo a punto de ocurrirle a Francia.

Quizá Sartori incluiría ambos, o por lo menos al papanatismo oficial, en lo que en su día denominó como ‘paradojas del multiculturalismo’, una teoría sustentada en la creencia de que las sociedades libres y desarrolladas deben aceptar y fomentar la integración de los inmigrantes con el requisito de que «implique una reciprocidad y que no derive en subculturas aisladas. Porque si no se comparten los valores culturales, surgen los conflictos».

Esa idea, la de compartir valores, es, por ejemplo, la principal carencia de la Junta de Andalucía en su política de inmigración. De hecho, cada año por estas fechas, cuando llega el Ramadán, lo que provoca el Gobierno andaluz es una sorpresa mayúscula por esa afición suya al papanatismo. Y no sólo porque el mismo esfuerzo que se pone en limitar a la Iglesia católica, en retratarla en la caverna de los tiempos, es la que se destina a ensalzar las virtudes del Islam como fuente de templanza, tenacidad y riqueza cultural. No, porque ante esto lo único que cabe es reivindicar la laicidad del Estado sin más.

El problema radica en que esa afición al papanatismo no conduce ni a la integración ni a que la sociedad sea cada vez más tolerante ante las culturas y religiones que vienen de fuera. Que no tiene ningún sentido, en fin, esto que se conoce ahora, que la Junta de Andalucía durante el Ramadán, además de dátiles con leche, cordero y pasteles típicos, además de eso, digo, que también le ofrezca a los menones que han llegado en patera y que han sido internados en centros de acogida una llamada de teléfono a sus familias para felicitarlas. No sé si en la Junta de Andalucía han reparado en el sutil detalle de que si los menores están en centros de acogida es porque se supone que sus familias están en paradero desconocido.

Con esos menores inmigrantes, marroquíes en su mayoría, la obligación legal del Estado es doble. Una vez que llegan a la costa, atenderlos y hacerse cargo de la custodia hasta la mayoría de edad. Salvo que se localice a sus padres porque, si esto ocurre, los menores deben reintegrarse en su núcleo familiar. Y, si se quiere, que la misma ayuda se preste en centros de Marruecos. Pero esto, esta hipocresía, este papanatismo, es, sencillamente, una forma más de fomentar la inmigración ilegal.

Noluntad

Nunca supo calcular hasta dónde lo iban a conducir sus pasos cuando cada mañana salía a caminar. Ni siquiera lo pretendía. Que aquellos paseos solitarios, más que libres, eran incontrolables, como el pensamiento mismo, que no se puede guiar. Así que nunca sabía cual era su destino. Tampoco en este despertar del doce de octubre cuando, de pronto, se sorprendió asomado a la fuente del Algarrobo, cerca ya de los pinares de Oromana.

Se detenía todas las mañanas en la puerta de su casa y, como si necesitara expedirse un certificado de cordura, se acordaba siempre de Machado. “Converso con el hombre que siempre va conmigo”. Se dejaba en manos del subconsciente. Por eso, no debe ser casual que en este Día de la Hispanidad sus pasos lo hubieran llevado hasta un lugar que, cuando él era pequeño, se vestía de fiesta el doce de octubre.

Entonces, desde donde se encontraba ahora, junto a la azuda por la que se cruza el río hasta el antiguo molino del Algarrobo, y desde allí a los pinares, ya se oía el griterío de la muchedumbre y se adivinaban las gaitas de los gallegos. Llegaban allí como invasores festivos, vestidos con sus faldas de cuadros, desfilando con la caña de las gaitas cargada al hombro, como machetes de un fusil. En una explanada, los gallegos hacían hogueras y asaban sardinas, y todo el pueblo se arremolinaba allí, como encantado por el inquieto silbido de las gaitas. Entonces se llamaba el Día de la Raza.

El recuerdo, los ruidos y los olores de aquel bullicio, se desvaneció de golpe, interrumpido por un grupo de niños que pasó a su lado corriendo. Se sentó junto a un pino encorvado y abrió los periódicos del día. El Estatuto andaluz, y su absurdo debate de la realidad nacional; las violentas algaradas de los independentistas catalanes; y la risa grotesca de los terroristas vascos. “Día de La Hispanidad”, se dijo en voz baja. Y, con un brote repentino de hastío, arrojó los periódicos sobre la tierra, sobre la débil alfombra de hierba que el otoño indeciso no se atreve a hacer crecer.

Pensativo, recordó la carta que Machado le envió a Miguel de Unamuno, cuando nacía el siglo XX. Una carta de 1915: “Querido y admirado maestro: Leí su Noluntad Nacional. Mucha razón tiene usted. España no sabe lo que quiere y, acaso, no quiere querer.” Noluntad nacional. La voluntad de no ser. Antes que la falta de voluntad, parece como un deseo subconsciente y colectivo de prescindir de toda voluntad de conjunto, de nación, de unidad. Un país cansado de sí mismo.

De vuelta, se detuvo de nuevo en la fuente junto al río. Un leve hilo de agua se estrellaba sobre la piedra, sobre el verdín. Y ya no podía oír el bullicio de aquellas gaitas de su infancia. “Día de la Noluntad Nacional ¿Por qué diablos no lo llamamos así?”

Botellón

El Parlamento andaluz va a aprobar hoy una gran mentira: La ‘Ley antibotellón’. Gran engañifa porque esa ley no va a acabar con los botellones. Lo único que busca el Gobierno andaluz con esa ley es sacudirse de encima las críticas que recibe por ese bochorno social de los botellones. Pero nada más. Por eso ha preparado este refrito de normas conocidas. Y comprenderán que para comprobar la efectividad de lo que ya existía, no parece que tengamos que esperar la entrada en vigor de ninguna Ley.

Para acabar con esa desmesura no hacen falta más normas que incidan en lo mismo, sino la expresión clara de que existe voluntad política para acabar con los botellones. Si existiera esa determinación, lo que habría hecho el Gobierno andaluz es incluir en esa ley la consideración de los botellones como «una infracción medioambiental», que es lo que se le había solicitado.

La diferencia con lo existente es esencial porque, a partir de la tipificación de los botellones como infracciones medioambientales, los vecinos que ahora se hartan de llamar a la policía local sin que nadie le haga caso, los que se han cansado de que los tribunales archiven sus demandas, esos ciudadanos condenados a no dormir y a que nadie les escuche, tendrían en su mano un arma legal efectiva: La denuncia por prevaricación omisiva, un delito creado ex profeso contra los responsables públicos que no persigan las infracciones medioambientales pese a tener conocimiento de ellas. ¿Se entiende ahora? Por eso la Junta se ha negado a tipificar los botellones como infracciones medioambientales, porque en política mentar la prevaricación es como mentar la bicha.

Hoy aprueba el Parlamento andaluz un gran engaño. Una Ley que no persigue lo único que hace falta para acabar con los botellones, voluntad política. Sencillamente, porque no parece que éste sea su objetivo. Ya lo dejó claro, ayer mismo, en las vísperas del debate de hoy, un alto cargo de la Consejería de Gobernación. Dice el teletipo: «Andrés Estrada rechaza que las concentraciones juveniles conocidas como botellón se asocien con la ingestión de alcohol». Ahí es nada. ¿Y con qué diablos debemos, entonces, asociarlos? Esto es el colmo del eufemismo, porque si botellón no se puede relacionar con botella, es que estamos peor de lo que nadie pueda pensar.

A este alto cargo, de todas formas, hay que agradecerle la sinceridad, porque, además de lo anterior, también admitió que esa ley no pretende regular el consumo de alcohol en los botellones, sino que busca «la convivencia ciudadana para propiciar una entente cordial entre generaciones». Por favor, repitan la frase en voz alta y piensen que ésa es la solución de la Junta para los botellones. ¿Y saben, además, quién es alto cargo que dice estas memeces? Pues el director de Drogodependencias y Adicciones de la Junta. Así que ya está todo dicho.

Ridículos

Dicen que socialistas y populares están a punto de pactar en Madrid. Dicen que han modificado ya el estatuto andaluz en la mitad de los artículos y que, al final, el acuerdo logrará que el Estatuto reformado sea un texto «plenamente constitucional».
Ah, ¿pero no lo era? ¿Y cómo es que no empiezan ya a dimitir algunos miembros del Consejo Consultivo andaluz. Por lo menos su presidente, que se ha hartado de defender la contitucionalidad del texto con un vigor impropio, sin respeto alguno a su cargo institucional. Como un consejero sin cartera de Chaves. Como un diputado que hace méritos.

Ya sabemos, porque se ha admitido en alguna ocasión, que los diputados votan las leyes sin haberlas leído antes, de ahí que no reparen en posibles ilegalidades. Lo que nos quedaba por ver es que también el Consejo Consultivo las apruebe sin haberlas leído. O que las apruebe haciendo la vista gorda. El ‘culiparlante’ (especie de político disciplinado y anónimo) es una realidad antigua en los parlamentos. En los consejos consultivos y en los órganos fiscalizadores son, además de un despilfarro, un peligro. Y una buena parte del nuevo Estatuto consagra y extiende la especie.

A parte de la constitucionalidad, el debate se ha detenido en la definición de Andalucía. Bueno, en la definición y en la descripción, porque también esto último se modifica. Ojo al detalle. En el Estatuto aprobado por el Parlamento andaluz se decía que «Andalucía se asienta en un territorio que, vertebrado en torno y a lo largo del río Guadalquivir, constituye un nexo de unión entre Europa y el continente africano». Se olvidaron, o sea, de la mitad de la región. Por eso, ahora, a lo anterior se le ha añadido que Andalucía está «asentada en el sur de la península ibérica», que es «un territorio de gran diversidad paisajística», «con importantes cadenas montañosas» y «abierto al Mediterráneo y al Atlántico por una dilatada fachada marítima». ¿Suficiente para captar la estulticia de la reforma?

El otro gran debate era el de la definición de Andalucía una «realidad nacional». Al final, solución de consenso, que en estas cosas del Estatuto son siempre soluciones por adición. Se pone todo. Y quedará más o menos como sigue: «Andalucía es una realidad nacional en el marco de la unidad indivisible de la nación española». Algunos dicen que esa definición es contradictoria. Es peor, es absurda, megalómana y hueca. Irrisoria.

Que encuentren a un historiador andaluz serio que defienda el carácter nacional de Andalucía. Me quedo con Domínguez Ortiz. «Yo creo –dijo en una entrevista unos años antes de morir– que en sentido cultural, la cultura andaluza no es más que una variante de la española, y en el sentido político es ir contra la corriente del siglo, que es unificadora. Me parece imprudente jugar con esos temas». En esa entrevista le preguntaban al final si le había interesado alguna vez la política activa. «No, mire usted, mi constitución psicológica no lo resistiría». Ya ven, todo depende del sentido del ridículo.

Hambruna

“Hambre de Gobierno”, ha dicho Javier Arenas. El líder del PP andaluz tiene “hambre de Gobierno” y no es que sea una expresión muy feliz, porque ninguna de las imágenes que sugiere son positivas para un político (impaciencia, ansia, ambición…), pero sí retrata bien la situación política en Andalucía. La falta de alternancia y la coincidencia general de que ese cambio no se producirá en un horizonte cercano, provoca que en esta tierra haya mucha gente desolada, desganada. No es hambre sino hambruna lo que hay en la Andalucía política. Que el hambre es individual y la hambruna, colectiva. Hambruna, sí, por la ausencia de un alimento esencial en democracia: la posibilidad real de alternancia en el Gobierno.

En esto, además, cada vez que se analizan las causas de la hegemonía socialista se cae en un círculo vicioso, asfixiante y aburrido. Como el cuento aquel de nuestras abuelas, el de la “buena pipa”, que nunca acababa. “¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?”, y tanto si se respondía que sí, como si de decía que no, la abuela volvía a la carga: “Yo no digo ni que sí, ni que no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa”. Y así, hasta el infinito, hasta que los niños aburridos, dejaban en paz a la abuela, y se iban otra vez a saltar a piola.

Pues con esto ocurre lo mismo. Uniendo los discursos más al uso, podríamos concluir que la hegemonía del PSOE se debe históricamente a la inutilidad de la oposición, lo que ha llevado a los socialistas a crear una red clientelar que hace imposible que prospere cualquier proyecto distinto al del PSOE, con lo que la oposición no logra ofrecer una imagen creíble de alternativa para el Gobierno. Y vuelta a empezar. La inutilidad conduce al régimen y el régimen a la inutilidad.

El PP de Javier Arenas, en su segunda etapa de aspirante a la Junta de Andalucía, ha cumplido ya dos años. ¿Ha logrado abrir el partido a la sociedad? ¿Ha conseguido hacerlo más creíble? ¿Tiene ahora más hechura de Gobierno, de alternativa real? En la convención de este fin de semana, Arenas ha demostrado que tiene ganas de hacer cosas y un listado de buenos proyectos, pero no parece que, al día de hoy, el PP haya superado ninguna de las dudas anteriores, que son quizá las esenciales.

La hambruna de la política andaluza se produce justamente por eso. Por la certeza de que podría articularse una mayoría que aspira a un cambio político y que, todavía, no ha encontrado una representación en la que se vea reflejada. La hambruna, en fin, no es una valoración. Es una realidad que se constata cada vez que surge la conversación de esta realidad asfixiante que todos padecemos. Hambruna, sí. Y a la sociedad andaluza le hace falta superar esa esclerosis.

Corleone

En la apacible villa de Corleone, una furgoneta traslada pepinos y lechugas camino del supermercado sin que ninguno de los turistas que llega hasta allí esperando encontrarse con Marlon Brando repare en que lo mejor de aquellas hortalizas no es que garanticen un cultivo plenamente ecológico. Lo mejor, lo más impactante, es que han sido cultivadas en tierras que en su día pertenecieron a la mafia y que, ahora, como en un acto de reparación histórica, han sido repartidas entre los campesinos locales. Se ha constituido una cooperativa, Libera Terra, y los productos se envasan con la silueta de algunos de los agricultores que en su día fueron asesinados por la Mafia.

Para todos esos asesinados, el reconocimiento público ha llegado mucho tiempo después de que los dejaran tirados en una acera, con la barriga cosida a tiros, los ojos abiertos y la cara aplastada en un charco de sangre. En alguna ocasión, las autoridades, incluso, se negaban a que alguien pusiera una placa de recuerdo, a veces porque incluían la leyenda «asesinado por la mafia». La mafia, en fin, tal y como se ve ahora con claridad, no era sólo una actividad criminal, sino que estaba tan imbricada en la sociedad que era imposible encontrar alguna institución, alguna asociación, alguna actividad que no estuviese contaminada.

Lo explica mejor el fiscal de Palermo cuando afirma que «el fenómeno mafioso no se ha limitado a crear un grupo de criminales, sino que ha llegado a crear una mentalidad difusa y unas costumbres sociales utilizadas por parte de la clase dirigente y de la clase política».

Sin necesidad de empantanarse en comparaciones inútiles entre Marbella y Corleone o la Costa del Sol y Sicilia, lo vivido en Italia debería provocar una profunda reflexión aquí. Todo se reduce a una pregunta inquietante que surge de las palabras del fiscal de Parlermo: ¿Qué grado de penetración tienen las mafias en la sociedad andaluza y española? Hace unos días, en la competencia, se publicaba un reportaje sobre escándalos urbanísticos y un fiscal, que no se identificaba, decía que lo peor es que, hace unos años, era la mafia la que buscaba a políticos para sacar adelante sus planes, «pero lo alarmante es que ahora son los políticos los que se ofrecen».

Ante esa realidad, unida a la certeza de que la construcción tiene márgenes de rentabilidad muy superiores a cualquier otro negocio, lo primero que deberían replantearse los partidos es el desvergonzado incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo. Los tránsfugas no son el único medio de penetración de las mafias en la política, es verdad, pero es la vía más directa.

¿Y se va a cumplir el pacto? Pues claro que no, hombre. Es más, a lo que estamos asistiendo es a una especie de estrategia de restitución social de esos tipos. Y sin recato alguno, un partido como IU va a presentar a un alcalde imputado, y otros, como el PSOE, va a homenajear a un alcalde tránsfuga como el de Gibraleón. «La mafia no es sólo crimen, sino mentalidad y cultura muy arraigadas». Ya se ve, sí, ya se ve.

Desnudez

Milan Kundera contaba en una de sus últimas novelas un curioso experimento sociológico realizado en Francia entre dos o tres mil personas que se consideraban de izquierda. El experimento consistía en hacerles llegar unos folios con palabras, doscientas o así, para que cada uno de ellos eligiera aquellas con las que más se identificaran, aquellas que les resultaran más sensibles, más cercanas y atractivas. En la primera ronda realizada, de las doscientas palabras iniciales sólo hubo coincidencia en dieciocho vocablos, que fueron finalmente los seleccionados. No era un patrimonio excesivo, pero sí suficiente para confirmar una identidad común entre las gentes de izquierda, un ‘sentimiento transversal’ –que se diría ahora– que unía en el subconsciente invisible de sus ideologías.

La sorpresa llegó unos años más tarde cuando volvió a repetirse el sondeo y el resultado fue demoledor. De los doscientos términos, la coincidencia se redujo a tres palabras: Rebelión, Rojo y Desnudez. «¡Oh descalabro!, ¡oh decadencia! –decía Kundera– ¿Es ésta toda la herencia de esa magnífica historia de doscientos años, inaugurada solemnemente por la Revolución Francesa? ¿La desnudez? ¿La barriga desnuda, los cojones desnudos, las nalgas desnudas? ¿Es ésta la última bandera de la izquierda?». La irónica decepción de Kundera seguía con una reflexión sobre el significado de la desnudez en la izquierda, ya que los otros dos términos, rebelión y rojo, forman parte de lo esperado, de lo obvio.

Desde luego, si queremos trascender del mero divertimento, la desnudez evoca antes que nada el vacío de ideas, la crisis ideológica de esa progresía entre la que presumiblemente se realizaron las encuestas. Pero la desnudez, cuando se relaciona con la política y con el poder, también es sinónimo de ceguera y de prepotencia. Como en el cuento de «El Rey está desnudo».

Chaves es un buen ejemplo. Cada vez que se enfrenta a un escándalo es como si se despojara de una prenda. Así, con todos los años que lleva, ya casi se le ven las vergüenzas. Aunque el personal le haga el pasillo cuando se acerca. Aunque el presidente siga adelante, altivo, cada vez más desnudo de todo, de ideas, de excusas, de talento.

El problema es que, a la par que Chaves se desnuda, se hace más difícil darle respuesta a sus cosas. Ayer, por ejemplo, después de que el tenaz periodista J. Caro Romero denunciara, con documentos de la propia Junta, una posible incompatibilidad de su hermano Leonardo, el presidente Chaves ha contestado con desprecio: «La información es falsa y patética».

Cuando todo un presidente, en vez de replicar con documentos, en vez de recurrir a razones, se ampara en la descalificación, sólo cabría devolverle amablemente la cita. Pero caer en eso sería aficionarse a la desnudez mental, al despropósito y al insulto. Y no. Mejor seguir con las demostraciones. Por ejemplo, con este montaje fotográfico de Málaga en el que 'desaparece' de la publicidad de la Junta de Andalucía el alcalde de Málaga. Publicidad institucional, con dinero público, apta sólo para militantes y dirigentes el PSOE, el partido que gobierna, hegemónico, en plan de regimen. Por eso se borra al alcalde, como si no existiera. Que las elecciones están cerca. ¿Hay algo más falso y patético, presidente?

Chicles

Moral, ética y legalidad. A menudo, oyendo a unos y a otros, cualquiera puede concluir que, salvo el tercer principio, cuya resolución está en manos de un tercero, en política también es imposible que nadie pueda ponerse de acuerdo sobre conceptos tan teóricos y elásticos como la ética y la moral. Será porque, como advertían los aristotélicos, los principios éticos se adquieren mediante el hábito y la costumbre, y por aquí hemos estado ayunos durante mucho tiempo de esos modos. Pero la falta de costumbre no diluye las exigencias ciudadanas ni difumina los conceptos. No las hace tan etéreas y complejas, tan difusas e interpretables como para que caigamos en la trampa de no distinguir dónde está la línea divisoria que separa lo correcto de lo incorrecto.

Para que esa confusión pueda triunfar muchas veces se trata sólo de repetir, hasta la saciedad, un puñado de consignas. Desde que comenzó el conflicto de Chaves y sus hermanos, el presidente de la Junta se ha limitado a afirmar tres cosas. Que todo el mundo tiene «el derecho constitucional a trabajar», que lo ocurrido «se atiene a la ética» y que, además, es «legal». Pues veamos si es así. Es cierto, por ejemplo, lo primero, que los hermanos de Chaves tienen derecho constitucional a trabajar, estaría bueno. Pero lo que no dice la Constitución por ninguna parte es que tengan derecho a trabajar en la Junta de Andalucía.

Para analizar la segunda afirmación («todo es ético») bastaría con aplicar la decencia, pero parece mejor recurrir de nuevo a Código del Buen Gobierno aprobado por Zapatero, en el que sí se precisa qué es ético y qué no. Dice así: «Principios éticos: Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de supuesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas». ¿Y qué ocurre con la tercera afirmación? Por lo que acabamos de ver, tampoco parece cumplirse el principio de legalidad, según lo estipulado en la Ley de Incompatibilidades.

Es decir, que ni la una, ni la dos ni la tres. No habrá dimisiones porque las responsabilidades sólo se adoptan cuando impera la ética, que es lo que falla aquí. Tanto que ahora el Gobierno recurre a una explicación tan peculiar como que la denuncia de incompatibilidad flagrante sólo es «el intento de estirar un chicle que está ya muerto y podrido, de manera que se dediquen a otra cosa». Ya ven, qué rigor y qué consejos.

Fue Maquiavelo quien dijo que «el que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente». En el PSOE andaluz, acostumbrados a ganar en todas las circunstancias y ante todos los conflictos, el mal que nació hace ya mucho tiempo y que nadie quiere ver es el de la soberbia de Chaves. El chicle, sí; el chicle podrido de la soberbia que es el pegajoso sustento de todo esto.

Negociar

Los terroristas escupen a diario en la cara del ‘proceso de paz’ y parece como si alguien quisiera disimular esos salivazos con el consuelo del mal ajeno, de la comparación. Comparaciones entre ETA y el IRA, entra Batasuna y el Sinn Fein, entre Zapatero y Blair, entre Rajoy y Jonh Mayor. Se hacen todas las comparaciones menos una: Que el País Vasco no tiene nada que ver con Irlanda. Y no por las diferencias esenciales en la historia de vascos e irlandeses, de británicos y españoles. No por la abismal desigualdad entre las dos sociedades. No. Los dos procesos de paz no pueden compararse porque el margen de maniobra del Estado de Derecho en ambos casos no tiene punto de comparación posible. Que en España, o sea, ese margen de maniobra es mínimo, mientras que en el caso irlandés es infinitamente mayor.

En el famoso acuerdo del Viernes Santo liderado por Tony Blair en 1998, la ‘cesión’ ante los terroristas por parte del Estado de Derecho consistía en la constitución de una asamblea legislativa en Irlanda del Norte –que desde hace cuatro años se encuentra, además, interrumpida- y en la liberación de los presos que se comprometan públicamente con el alto el fuego y el desarme. La gran dificultad del proceso de paz de España es que lo que consigue el IRA en su proceso de paz es una autonomía menor que la que disfruta el País Vasco desde hace 30 años.

¿Qué puede ceder el Gobierno en España si el punto de partida del proceso de paz en el País Vasco ya es un autogobierno al máximo de competencias transferidas; un modelo político sin restricciones incluso para los partidos independentistas; un sistema de ‘cupo económico’ que respeta unos privilegios medievales; una dotación en infraestructuras y servicios mimada durante décadas; y una sociedad con los niveles de renta más altos de España?

La misma pregunta, además, se puede realizar desde el punto de vista de ETA. Si el País Vasco ya disfruta de todo lo anterior, ¿qué tiene que lograr la banda terrorista para convencer a sus bases de las bondades de un proceso de paz? ETA sabe, en fin, que los únicos pasos que justifican el desarme son el reconocimiento de la autodeterminación, la anexión de Navarra y la excarcelación de presos. Y ninguno de esos tres puntos puede asumirlos el Estado de Derecho. Añádase a todo lo anterior que los interlocutores tampoco se parecen. Porque ni Zapatero tiene la firmeza de Blair ni, desde luego, Otegi tiene el control de la banda etarra que tiene Jerry Adams sobre el IRA.

¿Negociar? Ayer, en Sevilla, decenas de miles de personas se echaron a la calle para pedirle al Gobierno que no se rinda ante ETA. Esa reclamación, despojada de radicalismos, debe ser entendida con la lógica anterior. El problema no es negociar, sino la certeza de que ya no caben más pasos que una cesión inasumible.